La reciente aprobación del Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino ha sido el disparador de una nueva etapa para la matriz económica de Mendoza. Impulsada por la necesidad global de cobre para la transición energética, la provincia se prepara para un escenario de inversión multimillonaria, diversificación productiva y generación de empleo masivo, aunque el desafío de la licencia social y el control ambiental sigue siendo crucial.
Mendoza, históricamente reconocida por su vitivinicultura, se encuentra ante una oportunidad única para diversificar su economía a través de la minería de cobre. El impulso de proyectos como el recién aprobado PSJ Cobre Mendocino (anteriormente San Jorge) y las exploraciones en Cerro Amarillo (Malargüe) marcan la ambición de la provincia de convertirse en un hub de minerales críticos para el Cono Sur.
La Magnitud del Impacto Económico
La minería del cobre es percibida por el gobierno provincial como el "motor del progreso" capaz de impulsar un crecimiento que la provincia no ha visto en décadas.
Inversión Extranjera Directa: Solo el Proyecto San Jorge implica una inversión inicial estimada en US$ 559 millones. Se proyecta que esta cifra se extienda, sumando otros proyectos avanzados y exploratorios que buscan acogerse a regímenes de incentivo a grandes inversiones (RIGI), acelerando la llegada de capitales internacionales.
Volumen de Exportación y Divisas: El PSJ Cobre Mendocino, una vez operativo, espera producir unas 40.000 toneladas de cobre fino por año (además de oro como subproducto). Las estimaciones empresariales sugieren que este único proyecto podría representar entre una cuarta y una tercera parte de las exportaciones totales de Mendoza, que actualmente rondan los US$ 2.000 millones.
Generación de Empleo Genuino: El sector minero, que ya genera más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos en Mendoza (representando el 5% del Producto Bruto Geográfico provincial), verá un crecimiento exponencial. Proyectos de esta envergadura suelen crear miles de empleos en sus fases de construcción (alrededor de 3.500 puestos en proyectos similares) y miles más en la etapa operativa, incluyendo geólogos, ingenieros, operarios y servicios asociados.
Desarrollo de Infraestructura: Las grandes inversiones mineras suelen ir acompañadas de la mejora de caminos, sistemas de energía y servicios esenciales en las comunidades rurales. Iniciativas como el desarrollo del Polo Logístico, Minero, Petrolero y de Servicios Pata Mora en el Sur mendocino buscan articular estas actividades para potenciar todo el tejido social y de proveedores de la provincia.
Ingresos Fiscales y Regalías: Los impuestos y regalías generados por la actividad se destinarán a financiar proyectos sociales, educativos y de infraestructura, lo que contribuye directamente a la diversificación de la economía provincial y a una mayor recaudación.
El Rol del Cobre en la Transición Energética
La minería mendocina se enfoca en minerales críticos. El cobre es indispensable para la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y el tendido de la infraestructura necesaria para la electrificación global.
Al explotar el cobre, Mendoza no solo vende un commodity, sino que se alinea con la demanda de la economía verde, asegurando una demanda sostenida para las próximas décadas y posicionándose en el mapa global del desarrollo sostenible.
Desafíos Pendientes: Licencia Social y Control
A pesar de los claros beneficios económicos, la implementación de estos proyectos despierta un histórico debate en Mendoza, centrado en la sensibilidad social por el uso del agua y el riesgo ambiental.
Mientras el gobierno provincial sostiene que el proceso se realiza bajo estrictos estándares ambientales (involucrando a la UNCuyo y la UTN en los estudios técnicos) y cuenta con mecanismos de control (SIMAT), los sectores ambientalistas y parte de la población exigen garantías absolutas de que no habrá contaminación, insistiendo en que el agua define la supervivencia y la producción en la provincia.
El éxito de esta nueva era económica dependerá, en última instancia, de que el control, la transparencia y la participación ciudadana logren construir la licencia social necesaria para que el progreso económico se concrete de forma sostenible y responsable.